Tal y como ha venido publicando este diario en las últimas semanas, los delitos claves que investiga el juez son presunta prevaricación, malversación de fondos, fraude a la administración y evasión fiscal. José Castro sostiene que el duque de Palma y su socio Diego Torres, ya imputado, utilizaron presuntamente empresas para "apoderarse" de los fondos que recibía el Instituto Nóos. El juez sospecha que el yerno del rey y Torres crearon "un entramado societario" para desviar a través de él los "fondos públicos y privados" que percibía el organismo.
Según un informe de Hacienda al que tuvo acceso Público, el Instituto Nóos y el conglomerado mercantil que giraba en torno a él facturó entre 2002 y 2010 al menos 16,06 millones a 103 entidades públicas y privadas. Esa es la cifra que se alcanza al sumar los ingreso que, procedentes de administraciones públicas o compañías ajenas al entramado, declararon en cada ejercicio la ONG que presidió el yerno del rey y las siguientes sociedades: Nóos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL, Virtual Strategies SL, Intuit Innovation Lab SL y Shiriaimasu SL. En resumen, el núcleo duro empresarial de la trama.
En concreto, se investigan los delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en los que se pudo incurrir desde el Instituto Nóos y empresas vinculadas a él durante la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007).
El supuesto desvío del dinero público se produjo al parecer en el marco de dos convenios con el Govern balear por los que el organismo que presidía Urdangarín recibió 2,3 millones para organizar un foro deportivo.
Carlos-Economia
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